El movimiento estudiantil de 1968 (que llevó a la matanza de Tlatelolco) también tuvo un carácter social, ya que en el participaron estudiantes de universidades, preparatorias, profesores, obreros, padres de familia, intelectuales, etc. mismos que se manifestaban contra la represión del gobierno del Presidente GUSTAVO DÍAZ ORDAZ.
El caso Ayotzinapa en 2014, con la desaparición forzada de 43 estudiantes de La Escuela Rural de esa localidad del Estado de Guerrero (que por cierto involucra al Ejército mexicano, al crimen organizado y a los tres niveles de gobiernos pasados) nos recuerda los altos grados de impunidad y los pocos avances que ha tenido el país en materia de justicia, libertad, transparencia y democracia.
La ley tiene como principio de legalidad a los órganos del Estado que realizan atribuciones que la ley expresamente le confiere, y no pueden realizar bajo orden jurídico atribuciones que no le corresponde o fuera del marco constitucional como está sucediendo actualmente en el país. México, naufraga en un mar de confusiones y de altos intereses politicos-economicos. Se impone el tráfico de influencias y de impunidad; en materia de derechos humanos parece que se defiende más al delincuente que a la víctima del delito; el dinero sirve para sobornar y comprar conciencias, mientras que las amenazas avanzan más de prisa que la justicia. Hay buenos jueces, magistrados, fiscales y policías municipales, pero también hay muchos involucrados en actos de corrupción al servicio del crimen organizado. 97 de cada 100 homicidios dolosos no son resueltos y quedan impunes a la espera de que los entierre el olvido.
El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, ARTURO SALDIVAR, reconoce que en México se tiene un problema de falta de legalidad en todo el sistema de justicia “Desde el obedézcase pero no se cumpla” mismo que viene de nuestra madre patria (España) desde el tiempo de la colonia, donde una cosa era lo que decía el rey y otra lo que se hacía en la práctica.
Hay ciertas normas en la ley, que siguen sin aplicarse, exigiendo vacíos que ayudan a jueces a proteger al delincuente y no a la víctima. Leyes al servicio del funcionario corrupto, del crimen organizado y en muchos casos al servicio del gobernante en turno.
JESÚS IVÁN CHÁVEZ RANGEL, magistrado Presidente del Supremo Tribunal de justicia de Sinaloa, proviene de un grupo de juristas de corte político que se han heredan la presidencia del poder judicial como si fuera una empresa familiar. El reto de CHÁVEZ RANGEL, debe ser impulsar y motivar la carrera del poder judicial, garantizando que cualquier persona que tenga el perfil para el puesto a desempeñar llegue por su capacidad, no por recomendación, nepotismo o amiguismo.
Mientras que la Fiscal General del Estado, SARA BRUNO QUIÑONEZ, sigue durmiendo el sueño de los justos y a la orden del poder ejecutivo ¿Estos son los cambios prometidos o nuevamente nos engañaron? El poder Judicial en México requiere cambios en la administración de justicia, debe mejorar en su transparencia y ser oportuno en la acción pública. Es necesario que exista una administración de justicia confiable, autónoma, independiente de las presiones del poder económico o político, como base de una nueva cultura de tolerancia y asiento del orden. Una justicia que remedie el ultraje, que ampare las libertades individuales, que proteja los derechos colectivos, es también una justicia social.
De aquí al 2028, el ejército tendrá a su mando la seguridad pública del país, pero de acuerdo a la misma ley, tendrá que regresar a sus cuarteles. Los gobernadores, alcaldes y el gobierno federal cuentan con el tiempo suficiente para integrar y capacitar a los policías municipales, estatales y federales, promoviendo una eficaz coordinación entre los cuerpos de policía y seguridad de toda la república, integrando a los mejores hombres y mujeres, dando un verdadero entrenamiento y formación, especialmente jurídica y ética.
El Estado debe contar con instrumentos eficaces para garantizar la protección de los ciudadanos y el combate frontal a la delincuencia dentro del orden jurídico, el respeto a los derechos humanos y con la confianza de la sociedad ¿Será mucho pedir o seguimos soñando?
