Para que la renovación democrática sea posible y perdurable debe existir legalidad, consenso social y un Estado fortalecido. La democracia, los procesos electorales, la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos debe ser, esencialmente, un acuerdo de los ciudadanos, organizaciones y partidos que pueden diferir entre sí, incluso sobre los términos que les permitan proponer y señalar con respeto y tolerancia, sin destruirse unos con otros como parece está sucediendo en México. Los gobiernos deben ser árbitros que concilien intereses en pugna, pongan orden y apliquen la ley.
La presión demográfica, los movimientos poblacionales, las demandas sobre las instituciones del Estado, la falta de atención de los servicios públicos, la crisis económica, la falta de planeación en los programas y la obra pública, la deshonestidad, la inexperiencia de muchos servidores públicos etc. provocan la mayoría de los problemas e inconformidades sociales, llevando al país a un callejón sin salida y poniendo en riesgo la estabilidad y paz social.
Actualmente, la clase gobernante, los partidos políticos, los poderes fácticos y algunos grupos de la sociedad, se están involucrando en los procesos político-electorales del 2024, como si con ello se fortaleciera la democracia, el orden y la justicia. Ojala en esta ocasión las cosas sean diferentes y que los compromisos electorales por venir mañana sean promesas cumplidas.
Esperemos que esta vez no haya imposición de candidatos, que se le diga adiós al “trapecio” político, que se termine la desigualdad social y que se elijan a los mejores hombres y mujeres para los diferentes puestos del gobierno. Desgraciadamente los mexicanos somos cortos de memoria y tendemos a repetir nuestra historia validando con nuestro voto a candidatos reciclados, manchados por la corrupción y llenos de mañas, que llegan al poder a servirse y no a servir.
El año entrante de nueva cuenta tendremos la responsabilidad de elegir con nuestro voto a quien consideremos el mejor candidato presidencial, pero hay que tener cuidado para no confundir capacidad, experiencia y honestidad con una imagen maquillada por la publicidad.
Esta vez serán elegidos 120 senadores y 500 diputados federales, que deberán ser forjadores y defensores de iniciativas en favor de la sociedad y no simples empleados del presidente de la República en turno. También se votarán 9 gobernadores, 31 congresos locales; 1530 ayuntamientos y 16 alcaldías de La Ciudad de México.
Se encuentra muy cerca el arranque oficial de las campañas electorales y con ello también inicia un circo de manipulación, promesas, publicidad y entretenimiento popular ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar para que en México haya respeto, orden y trabajo en equipo? ¿Cuándo llegará el día que tengamos la educación de calidad prometida? ¿Qué hay que hacer para ser merecedores de buenos servicios de salud? ¿Será posible convertir la política en un ejemplo de servicio y deje de ser símbolo de corrupción? ¿Cuándo podremos tener un verdadero respeto y confianza por los policías, agentes de tránsito, inspectores de normatividad o cualquier otro servidor público?
Los gobernantes en sus tres niveles, tiene mucho que hacer, en lugar de andar en campañas políticas, mismas que deben quedar en manos de las autoridades correspondientes.
El sector público no puede gastar más de lo que ingresa a su erario. La política fiscal debe generar ingresos públicos suficientes para el sano desempeño de las actividades gubernamentales, evitando sesgos indeseables en las decisiones económicas por motivos políticos-electorales. Los recursos públicos no deben ser desviados a candidatos o campañas electorales.
Sinaloa, al igual que otros Estados del país, requiere inversiones en materia de comunicaciones, transportes, drenaje, agua potable, etc. No hay que olvidar que los insumos básicos que provee el Estado constituyen el factor que define la velocidad del proceso de modernización. En pocas palabras, hay mucho trabajo por hacer y muchos problemas por resolver en lugar de andar atendiendo o quedando bien con “las corcholatas” del presidente. Si los tiempos no dan para atender el gobierno y prefieren andar en las campañas electorales, la solución es pedir licencia, esto sería más ético y congruente.