Indudablemente el problema de la seguridad pública es el más complejo y delicado que tiene que afrontar el gobierno, aun cuando el de mayor impacto es el provocado por la delincuencia organizada, específicamente por el narcotráfico.
La delincuencia común es la que afecta e impacta más directamente al ciudadano, principalmente aquella que no hace diferencia en edad, sexo, ideología política o religiosa. El consumo de drogas nos está llevando a un callejón sin salida, ya que esto genera otros delitos como asaltos y robos a casas, comercios, vehículos, etc. que están afectando a la sociedad sinaloense principalmente en la capital del Estado.
Los asesinatos impactan por su número y forma de ejecución, pero generalmente se dan entre los grupos antagónicos del narcotráfico con el uso de sicarios a sueldo. Este tipo de delincuencia no impacta al grueso de la ciudadanía, la cual, tristemente, ya está acostumbrada a vivir y convivir con estos personajes. Generalmente el impacto de estos sucesos es dimensionado en la nota roja de los medios de comunicación y redes sociales, no como solución, sino por el morbo que provoca.
La delincuencia común impacta de manera más directa, porque involucra a empresas, grupos, familias y personas. Además, muchos de los afectados se abstienen de denunciar los hechos ante las autoridades correspondientes, ante el burocratismo existente, los nulos resultados y por temor a represalias.
De acuerdo a cifras oficiales proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con corte al 30 de Septiembre del presente año, los municipios con mayor incidencia en robos a casa-habitación, negocios, vehículos, etc. son Culiacán, Ahome y Mazatlán. En pocas palabras, la delincuencia del fuero común no respeta color de patrullas y mucho menos autoridades de doble cara.
Es urgente que las autoridades implementen acciones estratégicas que den confianza a la sociedad, que generen resultados y acaben con tanta impunidad. De antemano sabemos que ya existen programas y acciones en este sentido, la cuestión es presentarlas oportunamente y sin maquillajes.
El gobernador ROCHA MOYA y equipo responsables de la seguridad pública, tienen que enfrentar el problema de la seguridad, incluyendo la ubicación, perfil y defensa de quienes sean los responsables ejecutores. Urgen resultados y no solo buenas intenciones antes de que el cáncer de la inseguridad siga haciendo más daño.
En materia de justicia y seguridad nunca se tendrá un consenso generalizado porque existen muchos intereses en hacer que el gobierno falle. Justicia y seguridad son la fragilidad de todo gobierno. Si la Fiscal General del Estado, SARA BRUNA QUIÑÓNEZ, quiere lograr resultados positivos, debe exigir y poner en práctica la supuesta autonomía que tiene la dependencia a su cargo y dejar de ser una marioneta del poder, además, es indispensable que limpie a la fiscalía de burocratismo y malos elementos. La única manera de generar confianza ciudadana es brindando buenos resultados en materia de impartición de justicia y acabar con la impunidad.
REVOLTURA POLÍTICA
Gobernabilidad y función legislativa deben ir de la mano, y en este sentido, en Sinaloa se entienden bien el gobernador RUBÉN ROCHA MOYA y el Coordinador de la Fracción Parlamentaria de MORENA, FELICIANO CASTRO MELÉNDREZ. La gobernabilidad para establecer un orden constitucional que de visibilidad a los proyectos y acciones de desarrollo económico y social. La función legislativa para que le de legitimidad a las reformas, leyes y decretos, así como comparecencias de funcionarios. . . La sociedad sinaloense rechaza las viejas prácticas de muchos de los funcionarios públicos del pasado que se despacharon con la cuchara grande y de simples servidores públicos se convirtieron en ricos empresarios. Aquí es donde más debe notarse el rumbo de la 4T, entendida como un nuevo estilo de gobernar. . . Qué pasa con el reglamento de alcoholes en Sinaloa, el cual choca diametralmente con la prevención de accidentes viales, toda vez que los expedíos de cerveza se han convertido en cantinas de 24 horas donde se le vende alcohol a los menores de edad, generando una imagen nada agradable. . . Los medios periodísticos, los organismos sociales, los grupos empresariales y “los abrazos en lugar de balazos” se convertirán en una presión constante a partir del 2023. Por lo pronto no se ve dentro del gobierno del Estado posibles negociadores que le ayuden al gobernador a contener los conflictos de presión que están a la vuelta de la esquina.
