La democracia plena, la libertad, la paz y la justicia social, no tienen precio en un país como el nuestro. Pero qué pasa cuando se invierten sumas millonarias de recursos públicos buscando estos objetivos, mismos que nunca se alcanzan.
El INE aprobó a los precandidatos presidenciales un presupuesto de 85.9 millones de pesos como gasto de precampaña, las cuales se realizarán del 13 de noviembre al 3 de enero del 2024. Posteriormente será su registro como candidatos (del 15 al 22 de febrero) para iniciar formalmente sus recorridos por el país en busca del voto popular con una bolsa presupuestal cuyo tope será por el orden de los 660 millones de pesos. Aun así, algunos de ellos serán tentados por “los billetes verdes” provenientes del crimen organizado.
Si los partidos políticos y los candidatos realmente quieren sacudir la conciencia social y lograr el respaldo del electorado, deberán ser honestos, carismáticos y preparados, evitando la manipulación, el acarreo, las mentiras y el exceso de publicidad. Deberán aceptar y entender la realidad actual de nuestro país, tener visión de futuro y darle la espalda a la impunidad, al populismo y a la corrupción.
Los partidos políticos están obligados a designar como candidatos a los diferentes puestos de elección popular a hombres y mujeres capaces, no reciclados y sobre todo sin antecedentes de corrupción o ligas con el crimen organizado. Todos, sin importar color o ideologías, deberán convocar a la unidad nacional y al trabajo en equipo.
Las expectativas racionales optimistas en materia de seguridad, salud, migración, educación, economía y otras, no se pueden generar a través de desplegados firmado por gobernadores en apoyo al presidente de la república, sin saber si tiene o no razón en lo que dice y defiende; gastos de publicidad para golpear políticamente al contrario, mucho menos usar el poder para dividir y manipular. La responsabilidad democrática no consiste solo en votar, sino en denunciar, criticar, apoyar, condenar o aplaudir las actuaciones de nuestros gobernantes. Solo así podremos darle vida a un México democrático y libre.
Los 18 ayuntamientos de Sinaloa carecen de recursos suficientes para dar solución a un sinfín de necesidades. La pobreza y la limitación política-administrativas de muchos alcaldes que han gobernado los municipios más importantes de la entidad (Mazatlán, Culiacán, Guasave y Ahome) han impedido consolidar planes de desarrollo a largo plazo, no planes de gobiernos de tres años. Se siguen malgastando los recursos del contribuyente pagando empleados de confianza, sindicalizados, parchando calles, reparando fugas de agua potable, socavones, cambiando lámparas de alumbrado público, etc. sin dar solución a graves problemas que se heredaran de una administración a otra.
El alcalde de Mazatlán, EDGAR AUGUSTO GONZÁLEZ ZATARAIN, no ha podido tapar los hoyos financieros que han dejado sus antecesores, resultó experto en campañas de publicidad, sin aplicar las medidas necesarias para poner orden en un municipio donde todos gritan “agarren al ladrón” cuando este se encuentra en alguna embajada, dentro de la administración municipal, en turismo o en alguna empresa particular. Aun así, quiere llamar la atención para lograr su reelección o “de perdis” una diputación.
En Culiacán, JUAN DE DIOS GÁMEZ MENDÍVIL, le reza a todos los santos, y en especial a su padrino, para que le den la oportunidad de buscar su relección, a pesar de carecer de tamaños para una responsabilidad que parece pasar de noche.
En Guasave, el alcalde MARTIN AHUMADA, cumplió su objetivo de gobernar este bello municipio, pero carece de apoyo gubernamental, no ha podido despegar políticamente y le está quedando a deber a la sociedad.
En Ahome, GERARDO VARGAS LANDEROS, hace cambios en su gabinete como si esa fuera la solución a un sinfín de problemas. Libró el 2023 con una mejor suerte que LUIS GUILLERMO BENÍTEZ y JESÚS ESTRADA FERREIRO. Sin embargo, le falta el 2024, un año político al que está llegando con pobres resultados de gobierno.
