Los gobiernos por venir necesitarán mucha capacidad, decisión, institucionalidad y confianza ciudadana para enfrentar los retos y satisfacer las necesidades de sus gobernados, involucrando a instancias políticas y sociales, al sector privado, Senado de la República, Cámara de Diputados, gobernadores, poder judicial y a la sociedad en general.
México debe fortalecer su bien ganado prestigio internacional y forjar mejores oportunidades para lograr un mayor bienestar social. Atrás debe quedar el revanchismo político y las disputas por el poder; la unidad debe imponerse sobre todas las cosas para que la nación se mantenga en la senda de grandeza y respeto en el que la ha colocado la fuerza de su historia.
El principal objetivo de los próximos gobernadores debe ser la búsqueda de soluciones a los conflictos regionales, con mucha voluntad que ayude a superar políticamente situaciones de conflicto abierto y se pueda ir conformando un nuevo escenario de consolidación democrática y reconstrucción social y económica.
La población mexicana debe ser apoyada con mecanismos más eficaces y en el más estricto respeto a sus libertades. La Constitución le abrió un amplio horizonte al desarrollo político e institucional, su texto es muy claro y directo al articular la libertad e igualdad para el ejercicio de una vida democrática. La carta constitucional es ley, consenso y visión de la sociedad que queremos ser. En ello no hay confusión, su compromiso es asegurar que la formación de los órganos de poder se produzca como consecuencia de la expresión de la voluntad de las mayorías sin conculcar los derechos de las minorías.
Esto, debe servir de ejemplo a todo hombre o mujer que aspire a gobernar a México. Sin democracia, sin madurez política, sin las manos limpias y sin un buen equipo de gobierno, difícilmente se podrán lograr condiciones sociales y económicas concretas que ayuden a desterrar la inseguridad en Estados como Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Jalisco y otros, que aspiran a vivir en paz.
Es tiempo de sentar las bases para una mayor competitividad partidaria, con nuevas y modernas reformas electorales, que nos lleven a consolidar “la gran transformación” tan cacaraqueada por los gobierno de la 4T y los aspirantes a puestos de elección popular por el partido en el poder. Unos y otros están obligados a seguir construyendo una sociedad más fuerte, más unida, mejor organizada y representada.