A 5 meses del gobierno de RUBÉN ROCHA MOYA, al que la sociedad concibió como el gobierno del cambio, se han perfilado diversas cuestiones fundamentales que bifurcan el discurso. Tal vez aún no se asimila el cambio o simplemente no ha sido lo esperado, o quizá los poderes fácticos extrañan el trato que recibían, se está trastocando la democracia o simplemente algunos miembros del gabinete estatal carecen de oficio político.
Algunos poderes fácticos, como los partidos políticos, preparan su material de guerra para entrar de lleno a la lucha por la sucesión presidencial; hay legisladores que se desgarran las vestiduras y buscan llamar la atención así sea haciendo el ridículo; también hay alcaldes que se están moviendo sin cuidar las formas, tratando de reflejar que son los mejores cuando en realidad sus gobiernos están maquillados de buenas intenciones y se les sigue cuestionando la mala calidad en servicios públicos, infraestructura y bando de policía y buen gobierno.
Existen diversos comentarios y cuestionamientos por los conflictos existentes al interior de una administración que dijo sería diferente y mejor. Los reflectores políticos están sobre el Gobernador, sobre el Secretario General de Gobierno, Educación, Salud, Seguridad, Transparencia y Fiscal General. Mientras que el Gobernador y su equipo están concentrados en poner toda la carne al asador para sacar avante la consulta de revocación de mandato y con ello darle buenas cuentas al Presidente de la República.
Pasando la consulta de revocación de mandato, tendrán que atender tres visiones a corto plazo: el desarrollo económico, la justicia y seguridad. El desarrollo económico de nuestro Estado tendrá que pasar de la promesa a los hechos para colocar a Sinaloa en un mejor nivel. Para lograrlo el gobierno y los empresarios deberán unirse y
avanzar por la misma ruta.
En materia de justicia, se debe hacer algo nuevo pero viable y efectivo, sin maquillajes, alejado de todo lo que huela a narco-política. Tolerancia, capacidad, visión y estrategia hacen la diferencia en cualquier gobierno.
Es indudable que el problema de la seguridad es lo más complejo que tiene que afrontar el gobierno. Si bien es cierto que el de más impacto es el provocado por la delincuencia organizada, específicamente el narcotráfico. La delincuencia común es la que está afectando más directamente a la ciudadanía. El robo a comercios y domicilios, los asaltos en el transporte público y privado están fuera de control y tal parece que la ley protege más a los delincuentes que a las víctimas de estos delitos.
La sociedad sinaloense ha tenido que soportar el fenómeno del narcotráfico y sus impactos, y desgraciadamente para muchos ya es algo “normal”. Pero lo peor de todo esto es que de ser un Estado productor o ruta de transito de enervantes, ahora nos convertimos en consumidores generando un problema que cada día crece más y se convierte en un lastre para la sociedad.
La delincuencia es un fenómeno que no solo lesiona el patrimonio y la integridad física de las personas, sino que también deteriora el estado de derecho y desalienta la inversión, principalmente la de largo plazo, debilita la base competitiva del sector productivo local y, por ende, disminuye el potencial económico de la entidad.
El Estado es el principal proveedor de Seguridad Publica, y junto con la sociedad, es el responsable de la evolución y efectos de la criminalidad, del robo patrimonial, del crimen violento, levantados y tableados. Lamentablemente Sinaloa está siendo rebasado y la sociedad acude en busca de justicia a las células del crimen organizado. Sicarios recorren comunidades rurales y ciudades como si fueran responsables de la seguridad ciudadana, se imponen sobre los cuerpos policiacos y esto nos lleva a más descomposición social.
¿Dónde está el cambio de lo que fue la Procuraduría General de Justicia? ¿Dónde está la autonomía de la Fiscalía General del Estado? ¿Qué pasa con los programas de la fiscal SARA BRUNA QUIÑONEZ ESTRADA? Los policías adscritos al área de investigación tienen más de 10 años sin un incremento salarial, son mal pagados y los medios para desarrollar su trabajo son escasos y mediocres; no existe el servicio profesional de carrera y los mandos superiores se adjudican a personas carentes de experiencia, con problemas legales y sin estudios superiores. Diversas áreas de la fiscalía carecen de vehículos, de instalaciones dignas, de equipamiento y de motivación. En
cambio, son amenazados, reprimidos e impera el influyentísimo y los recomendados. No cabe duda que en Sinaloa la impunidad florece aún más con la llegada de la primavera y se riega con “la saliva” de los responsables de brindar seguridad a un pueblo sediento de justicia y con hambre de desarrollo.
