México tiene una de las mejores leyes anti-corrupción de América Latina. Sin embargo, las autoridades mexicanas son ineficientes para prevenir y sancionar estas conductas. Se han creado un sinfín de instituciones y organismos públicos que deberían de servir como instancias generadoras de información, para vigilar la buena aplicación de los recursos públicos federales, estatales o municipales y castigar el uso indebido de recursos públicos.
En cambio se han convertido en instrumentos políticos del presidente o gobernadores en turno, quienes deciden a quien se castiga, a quien se perdona o se manda al descredito social (La autoridad municipal solo hace lo que le indica el gobernador) En pocas palabras, se usa el borrón y cuenta nueva. La Auditoria Superior de la Nación, la Secretaría de la Función Pública, Síndicos Procuradores, Fiscalías, Congresos Legislativos, entre otros, han convertido la ley en instrumento político para pactar, negociar y en muchos de los casos castigar al enemigo. Aunque hay que reconocer que también se han logrado grandes avances en la materia.
El Fiscal de la Nación, ALEJANDRO GERTZ MANERO, juega al gato y al ratón con diversos actores políticos de la 4T y así como con diversos personajes que fueron beneficiados por gobiernos neoliberales, al tener en su poder carpetas de investigación que ponen en duda la honorabilidad y honestidad de hombres y mujeres “disque” muy poderosos e influyentes; las viudas y nietos políticos del malogrado candidato presidencial LUIS DONALDO COLOSIO, se aferran a un recuerdo que mata el olvido, y los reclamos de justicia se perdieron al ser sobornados con posiciones políticas-administrativas. Aun así, sacan boleto rumbo al 2024.
Podríamos mencionar muchos actos de este tipo. El exitoso programa de escuelas de tiempo completo desapareció de un plumazo y su operatividad se trasladará al programa “la escuela es nuestra”, donde los apoyos se darán directamente a las madres y padres de familia, para evitar supuestos casos de corrupción. El ex gobernador de Nuevo León, JAIME RODRIGUEZ CALDERÓN, está metido en un broncón por supuestos actos de corrupción y venganzas políticas.
En la administración de FELIPE CALDERÓN el proyecto turístico “Playa Espíritu” de Teacapán, al sur de Sinaloa, se vendió como la octava maravilla y ahora es un sinónimo de corrupción cuyo final es la rifa de lotes. Y que decir del proyecto millonario de lo que sería el Aeropuerto Internacional de Texcoco que consumió miles de millones de pesos en inversión pública ¿Quién los pagará? ¿Dónde están los responsables de los daños causados a la nación?
En fin, los ejemplos de derroches de recursos públicos y actos de corrupción son muchos y en Sinaloa sobran las denuncias, pero lamentablemente sigue imperando la impunidad.
EMMA GUADALUPE FELIX RIVERA, responsable de la Auditoria Superior del Estado, se desempeña como un “lindo florero” de un área demasiado importante en transparencia y rendición de cuentas. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, son responsables de que en Sinaloa se respete la ley, se rindan cuentas. ¿Dónde está la justicia y dónde la ley?
El avance en rendición de cuentas debe ser permanente, profundo y comprometido, alejado de intereses políticos obscuros. El caso más sentido de la sociedad, es el sistema de impartición de justicia donde se roban sumas millonarias, se adquieren bastas propiedades y se convierten en hombres y mujeres intocables por la ley. En México los órganos responsables de vigilar y auditar recursos públicos en los tres niveles de gobierno son dominados por fuertes intereses políticos, haciendo honor al popular refrán “el que no tranza, no avanza”. México requiere aplicar la ley, con mejores mecanismos de control y vigilancia de recursos públicos.
El Gobernador RUBEN ROCHA MOYA, tiene la oportunidad de conducir el cambio que ofreció en su campaña política y todos sus colaboradores están obligados a no mentir, no robar y no traicionar. Como gobierno deben encabezar las reformas necesarias que el Estado reclama. Al ser mayoría en el poder legislativo y alcaldías, representan el cambio transformador, sin pisotear a las minorías que también tienen voz.
El involucramiento de la sociedad en un tema complejo se logrará cuando exista confianza en los órganos responsables de vigilar que miles de millones de pesos no terminen en los bolsillos de servidores públicos. Al estar de moda las consultas ciudadanas ¿Por qué no se realiza una en la materia? La ciudadanía espera hechos, no buenas intenciones.
