En la actualidad, cualquier líder responsable recurre a la fuerza del convencimiento para lograr sus objetivos, siempre apoyado en su inteligencia, en sus virtudes, ideales y capacidades. Esto sirve de base para trascender en tiempos donde la economía requiere empuje, aliento y mejores leyes que den confianza a la inversión privada.
El proyecto de la planta de fertilizantes en el Puerto de Topolobampo no puede estar sujeto a los caprichos de unos cuantos y mucho menos jugarse una inversión de esa naturaleza en consultas populares. Para ello existen instituciones federales capaces de decidir, previo estudios técnicos e investigación, si puede causar contaminación, si no es apta por los daños al ecosistema lagunar o si existen riesgos para la población civil. En pocas palabras, decidir si este proyecto es viable o no para el puerto de Topolobampo.
La Secretaría de Economía, la del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como otras dependencias, no pueden evadir responsabilidades y mostrarse como floreros del gobierno federal, su obligación es fijar su postura en el área que les compete. En México los amparos cumplen una doble función: proteger al ciudadano en sus garantías fundamentales y a la propia constitución al garantizar la inviolabilidad de sus preceptos, ya sea por normas generales contrarias a dichos preceptos o por actos de autoridad que vulneren el contenido o los derechos fundamentales reconocidos, y contradictoriamente también sirven para abonar a la impunidad.
En el año 2013 nació el proyecto del grupo GPO con el fin de producir 2,200 toneladas de amoniaco anhidro al día, insumo base en la producción de fertilizantes. La construcción del complejo ofertaría fuentes de empleo a 2,000 trabajadores altamente especializados, apoyaría a los pobladores de la región en distintas acciones para abatir rezagos sociales existentes en la zona y también desarrollaría programas para restaurar la degradación de la biodiversidad del sistema lagunar Santa María-Topolobampo–Ohuira, con una inversión de 5 mil millones de dólares.
Lamentablemente el proyecto no se socializó, se politizó y surgieron nombres de personajes que contaminaron la inversión. Un proyecto que anda entre estira y afloja, entre amparos y demandas judiciales y muchos gastos en publicidad. La llegada del gas natural a Sinaloa, marca el inicio de la industrialización del Estado, una industrialización que tiene años anunciando su arribo pero que aún no llega ¿Por qué será?
Sinaloa requiere de reordenación económica y de cambio estructural. La reordenación económica como respuesta estratégica para enfrentar la crisis provocada por la pandemia y otros factores. Y el cambio estructural para generar condiciones mínimas que activen la economía y por ende mejoren la calidad de vida de los sinaloenses.
El cambio estructural, debe orientarse a grandes transformaciones de fondo en el aparato productivo, distributivo y mecanismos de participación social, para superar las insuficiencias y desequilibrios fundamentales de la estructura económica. La reordenación económica y los programas inmediatos con el apoyo del nuevo gobierno que encabezará RUBÉN ROCHA MOYA, deben ser instrumentados con visión de futuro y firmeza en resultados. Un programa económico necesario para preservar en la estrategia de reordenación como línea permanente de acción.
Para lograr un Estado fuerte como el que busca consolidar el gobernador ROCHA MOYA, se requiere de la disposición y el apoyo del sector privado para responder con eficacia a las exigencias que plantea la realidad de Sinaloa. También necesita rodearse de colaboradores con capacidad de dirección y con posibilidades de generar procesos de participación social que refuercen a la propia sociedad. Además, necesita de un sector social que organice actividades informales de la economía y fortalezca sus entidades productivas sobre bases duraderas de equidad y eficiencia.
Esto, entre otras cosas, permitirá acrecentar el potencial de los recursos materiales y humanos de Sinaloa; integrar la ciencia y la tecnología en las áreas del desarrollo; preservar el medio ambiente y fortalecer el potencial de los recursos naturales. Sin descuidar una línea de acción que fortalezca la rectoría del Estado, que impulse al sector social y estimule al sector privado. En pocas palabras Sinaloa requiere de la participación de todos.
Los tiempos que se viven en materia económica, política y social, generan incertidumbre y desequilibrios económicos haciendo más difícil predecir las perspectivas macroeconómicas para el periodo 2021-2027 del gobierno del DR. ROCHA MOYA. Sin embargo, el nuevo gobernador posee madurez, experiencia y voluntad para generar cambios significativos para Sinaloa y con ello entrar en la era de la industrialización. Se debe definir el rumbo con planeación democrática y con el consenso de todos o tendremos que seguir soñando con una solución mágica para el 2027.
