En los últimos días se habla mucho sobre la revocación de mandato, las reformas eléctrica y electoral, el Aeropuerto FELIPE ÁNGELES, el tren Maya, la desaparición del INE, la inflación, el destino del avión presidencial, el uso del cubre bocas, etc. Temas que han generado un sinfín de comentarios y pronunciamientos a favor o en contra, defendiendo cada quien su derecho a expresarse y la libre expresión. No solamente el presidente ÁNDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR rechaza las prácticas obsoletas y los vicios que se arrastran del pasado, este es un clamor de la mayoría de los mexicanos, pero hay que buscar la forma de no violentar la ley, actuando con prudencia, inteligencia y tolerancia para fortalecer nuestro sistema de gobierno representativo, democrático y federal.
Como sociedad debemos de actuar con responsabilidad, exigiendo que los servidores públicos asuman la tarea que les corresponde. La conducción política, la complejidad de los asuntos públicos y la creciente dinámica de participación social nos obligan a avanzar hacia formas de equilibrio y responsabilidades compartidas. Este avance será mayor cuando se de una real autonomía del poder legislativo y judicial; cuando el Banco de México rompa el hilo de conducción que marca el poder ejecutivo; cuando el poder legislativo tenga un papel más activo en nuestra vida política sin poses triunfalista de partido en el poder.
Tendremos un mejor país cuando los partidos de oposición sean generadores de una nueva cultura política, aquella que se sustenta en una firme responsabilidad compartida entre el Estado, los partidos y los ciudadanos; cuando se asuma la defensa y el fortalecimiento del Estado de derecho y la legalidad para preservar las condiciones que hacen posible el ejercicio de las libertades y derechos, la disputa civilizada por el poder. La formación de la representación política nacional debe lograrse a través de elecciones limpias, transparentes y de piso parejo para todos.
Avanzaremos como mexicanos cuando se logre un verdadero pacto federal y se tome conciencia de que la magnitud de nuestro desarrollo, la densidad demográfica y la diversidad de nuestras regiones constituyen un reto para la gestión adecuada de los asuntos de la comunidad. La complejidad y variedad de los problemas hacen imposible que un Estado centralizado, federal o estatal, pueda tener estrecho contacto con la vida cotidiana de los ciudadanos y ser eficaz promotor de la satisfacción de sus demandas.
México requiere también nuevas estrategias de desarrollo económico sostenido, moderno, a largo plazo, bien planeadas y no ocurrencias sexenales; cuyo objetivo sea satisfacer las necesidades y las aspiraciones de la sociedad. Una inflación como la que se padece actualmente, no puede aceptarse, porque concentra el
ingreso, desestimula la inversión, propicia especulación, diluye el valor y demerita la función de nuestra moneda. La inflación desestabiliza los precios reales de los bienes, acorta el horizonte del quehacer económico e imposibilita la planeación de las actividades.
En un entorno inflacionario, la actividad productiva se vuelve ineficiente, la economía se inhibe y se atrofia, el futuro se torna incierto y la propia convivencia social se deteriora. En nuestro país existe el consenso de consolidar el abatimiento de la inflación y para lograr un crecimiento sostenido es necesario mantener la estabilidad de los precios. La buena dirección de cualquier gobierno se basa en acuerdos firmes que asignen
responsabilidades claras a cada uno de los sectores involucrados, para que desarrollen sus potencialidades y unifiquen sus esfuerzos orientados a satisfacer las necesidades sociales y conquistar bienestar y progreso para todos.
Lamentablemente el subdesarrollo político sigue entrampado entre ocurrencias de gobierno, en dimes y diretes de la sociedad, en posturas frívolas y sin sustento de dirigentes de partidos políticos y en perder el tiempo culpando al pasado de todas nuestras desgracias en lugar de activarnos en busca de soluciones. Los entrampamientos del debate nacional por decisiones, a veces justas y otras injustas, del presidente LÓPEZ OBRADOR, siguen generando reacciones de inestabilidad política, económica y social, por el vacío o la extrema debilidad de las instituciones o la ausencia de principios mínimos de legalidad, sin advertir que las condiciones básicas del desarrollo democrático radican en la estabilidad social, la fortaleza institucional, el marco de la legalidad y el apego a sus normas por los actores políticos.
