Un gobierno justo, transparente y responsable, es aquel que tiene como prioridad al ciudadano y no a los amigos, socios o compadres. Es aquel que toma en cuenta las prioridades de la población al momento de realizar las obras en una forma transparente y responsable. Siempre tratando de sacar avante los programas que beneficien a la colectividad. Sinaloa, necesita cambios cualitativos en su estructura económica, política y social, verdaderos cambios de fondo. Es uno de los principales retos de los nuevos gobiernos que están por iniciar funciones.
El problema de nuestro país, y por consiguiente de Sinaloa, no es la falta de planes, por el contrario es la excesiva elaboración de planes burocráticos hechos al vapor o atrás de un escritorio. Obras faraónicas que solo sirven como monumentos a la frivolidad del gobernante en turno. Pero que en la práctica son desperdicios de recursos e inversiones rebasadas por la realidad. La Remodelación y construcción de estadios, así como la adquisición y remodelación de edificios como Homex, entre otros, pintan de cuerpo entero lo que pasa en Sinaloa en materia de gasto público.
Las cuentas públicas del 2019, 2020 y 2021 del gobierno del Estado, ayuntamientos y otros entes públicos, deben de convencer a la sociedad y no ser maquilladas o pactadas en lo obscurito. En pocas palabras ya basta de impunidad. La comisión de Fiscalización del Congreso del Estado presidida por el DIP. MARIO ARREDONDO, no debe asumir responsabilidades de protección civil, tratando de evitar que se desnude la realidad que se escucha de la Concha en Escuinapa al valle del Carrizo. Las aguas negras de la impunidad y corrupción están presentes y urge su saneamiento.
La principal causa de crisis en nuestro país es el desorden financiero existente, la defraudación fiscal, la impunidad y corrupción. Por lo tanto, mucho bien haría el gobierno en sus tres niveles en reordenar y planificar presupuestos hacendarios. Es una incongruencia pedir orden y marcar directrices a la sociedad cuando no se pone el ejemplo.
El decreto presidencial para legalizar carros chocolates en los Estados fronterizos del país, genera polémica y divide opiniones. El Gobernador de Coahuila, MIGUEL ÁNGEL RIQUELME, reprochó que se tomen decisiones unilaterales sin medir el impacto que esto puede generar. Dijo que “tan solo en su Estado el sector automotriz genera alrededor de 150 mil empleos y preocupa el impacto que va generar en la industria automotriz en el país”. Por lo pronto ahora hay que entrarle “al desmadre” de componer un problema que no tiene pies ni cabeza y que seguirá siendo nido de corrupción, contaminación y evasión fiscal.
El Gobernador QUIRINO ORDAZ COPPEL, fijó postura al señalar “la mayoría de los autos chocolates que circulan por la entidad son usados para trabajo agrícola, por lo que es necesaria su regularización” también mencionó que el ingreso servirá para el bacheo de calles, y en parte tiene razón pero le faltó decir que nuestro país se convirtió en basurero de nuestros vecinos, que los carros chocolates muchas veces son instrumentos del crimen organizado, no pagan impuestos y entran al país gracias a la corrupción en aduanas y policías federales, estatales y municipales.
La política como instrumento del bien común se contaminó y es usada para manipular, dividir y lograr el poder al costo que sea. México con una población de 128.9 millones de habitantes está dividido en tres fracciones: 30 millones aproximadamente simpatizan y apoyan el gobierno transformador del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, en este bloque se ubican los marginados y pobres del país. Otro Bloque de aproximadamente 26 millones de ciudadanos, no están convencidos y juegan las contras. En otro extremo se ubica el resto de los ciudadanos que no simpatizan con unos ni con otros, son apolíticos que viven el momento como si el mañana no
existiera. Tal vez por ello siguen los problemas de descuido, desorden y abandono de un país que podría ser mejor
En pleno siglo XXI seguimos rigiéndonos por un código del pasado. El reto es levantar el vuelo, pero no a cualquier costo. Es momento de definir colectivamente a qué velocidad y bajo que bases se logrará un mejor país ¿será posible ponernos de acuerdo? Hasta ahora la política de equilibrar el presupuesto, básicamente ha hecho recaer su costo social sobre el pueblo a base de aumentar el costo de los energéticos, cobro de impuestos y no disminuir sus gastos en obras faraónicas, así como fiscalizar a jóvenes a partir de los 18 años de edad. La
carga no parece justa.
