Un sistema de partidos políticos democráticos se funda cuando estos tienen legitimidad, capacidad de acción política y apoyo social producto de sus propuestas programáticas, es decir, de su capacidad de obtener el apoyo ciudadano como única condición viable para el ejercicio del poder. El fortalecimiento de partidos es la base de la nueva cultura política, aquella que se sustenta en una firme responsabilidad mutuamente compartida entre el Estado, los partidos, los grupos y los ciudadanos.
La iniciativa presidencial de AMLO sobre la reforma electoral, da material de sobra para analizar, proponer y cuestionar. Esta iniciativa propone eliminar el financiamiento a los partidos políticos respecto de sus actividades ordinarias y plantea que cubran dichos gastos mediante el financiamiento de sus simpatizantes o militantes. El objetivo es reducir el alto costo que los partidos representan al erario público, ya que estos deben ser instituciones autosostenibles mediante las aportaciones voluntarias de su militancia, así como cuotas de aportación de cada uno de los que llegan a cargos públicos. De esta manera el gasto público sería solamente para gastos de campaña durante cualquier contienda electoral.
En cuanto a la obtención de recursos privados tanto para el sostenimiento de sus actividades ordinarias como para sufragar gastos de campaña durante los procesos electorales, se propone establecer nuevas reglas donde los partidos identifiquen y reporten la fuente de los recursos obtenidos, sin exceder los topes señalados en la legislación.
Para ponernos en contexto, en el año 2021 el financiamiento público a partidos políticos en México fue por el orden de $5, 297, 613, 378.23, mientras que en Sinaloa, su costo fue $141,709, 492 pesos.
Por todo esto es necesario modificar las reglas del juego para que los partidos políticos dejen viejos vicios, suelten lastres, se modernicen y se abran a la sociedad. La tarea en materia política- electoral es muy compleja, hay mucho que cambiar sobre todo en cuanto a procedimientos, formación, alianzas, acuerdos políticos y enriquecimiento de los procesos de selección de sus candidatos. Se requiere de mucho dialogo y ser independientes económicamente hablando para así tener la voz completa para exigir, pedir y dar cuando sea necesario.
ACCESO DE LOS PARTIDOS A RADIO Y TV
El acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación surge con la reforma política de 1977, con la que se otorgó, de manera permanente, espacios de 15 minutos al mes en los medios de comunicación para cada partido en horario preferentes, así sucesivamente se fueron utilizando criterios de asignación en función de la fuerza electoral de cada partido. Después del 2006, con la gran crisis electoral desatada, se delineó el modelo de comunicación actual que incluye la prohibición de toda persona de contratar tiempo en radio y televisión con fines electorales y de propaganda política.
Antes de este modelo, la carencia de regulación llegó al extremo al permitir que empresas o supuestas asociaciones contrataran tiempos en medios de comunicación masiva para la difusión de propaganda pagada con recursos públicos en temporada electoral para posicionar futuras candidaturas con mensajes ajenos a los servicios u objetivos de las instituciones públicas. El proyecto de Reforma Electoral propone un nuevo modelo de comunicación política que se centra en el acceso de partidos políticos y candidatos independientes a radio y TV mediante los tiempos oficiales del Estado.
Desde el inicio del proceso y hasta la celebración de la jornada electoral se destinarán 30 minutos diarios en cada estación de radio y canal de TV a los partidos políticos, candidaturas independientes y al Instituto Nacional de Elecciones. Esto, entre otras cosas, garantiza en forma justa y equitativa a candidatos y partidos para difundir mensajes programáticos.
La propuesta en materia electoral que puso en manos del poder legislativo el presidente LÓPEZ OBRADOR, busca fortalecer la democracia y garantizar el cumplimiento de la voluntad popular. Donde las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales deben ser independientes del poder político, de los partidos y de los grupos económicos. Además, en dicho documento se recalca que “En los últimos años, los actos de estas autoridades se han caracterizado, por la falta de apego a los principios de objetividad, independencia e imparcialidad que son propios de la función electoral”.
Por lo pronto próximamente darán inician los foros de Consulta en Materia Electoral de cara a la nación, con la finalidad de que la ciudadanía conozca a fondo los beneficios que traería consigo esta reforma electoral.
